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Los vientos de corrupción en Zacatecas corren desde Calera hasta Ojo Caliente, pasando por Guadalupe. Creíamos haber visto todo, o bien, como decía Sandra la niña del despacho anterior, “ya estábamos acostumbrados a que los funcionarios robaran”, que lo hacían a través de sus empresas consultoras, hoteles, gasolineras, agencias de autos, restaurantes, constructoras, el ya famoso e institucional “diezmo” exigido a cada constructor, o en la autorización de cambio de uso del suelo, en licencias de restaurantes con permiso de bebidas alcohólicas y música tipo antro, hasta con los viáticos pues, entre otras fuentes de financiamiento.
Estas deleznables prácticas no son privativas de algún gobierno en especial, pues aquellos emergidos de los tradicionales partidos PAN, PRD, PT Y PRI, con sus coogobernantes PANAL, PVEM y Convergencia todos están cortados por la misma tijera, por ello de las encarnizadas batallas, primero al interior de sus respectivos partidos por una candidatura, para continuarlas después, durante y en algunos casos, al término de las campañas.
Para nadie es un secreto que las “legítimas” aspiraciones de la mayoría de los políticos por llegar a gobernar su estado natal, una alcaldía, una diputación o de jodido una regiduría, no es precisamente por su vocación de servicio al pueblo, mucho menos un apostolado, para nada, es simplemente mejorar sus condiciones de vida a costa de nuestro dinero, o sea del erario público.
Bastaría recordar las mil y una tropelías cometidas durante el gobierno de Amalia García en el que han salido a relucir nuevas modalidades en el arte de la corrupción y desvío de recursos públicos, como lo son falsificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, sobre precio a las obras públicas, inexistencia de obras ejecutas presuntamente por alguna dependencia, múltiples viajes al extranjero en clase gran turismo, hasta la compra de uniformes pirata, entre otras linduras.
Pues bien, el tráfico de influencias es otra de la facetas de la corrupción entre muchos funcionarios y políticos para obtener recursos públicos federales, o estatales destinados a la gente, a la ciudadanía productiva, los que ahora son desviados para su beneficio personal aprovechando el cargo gubernamental, mientras los verdaderos beneficiados terminan conformándose con las sobras que les dejan estos rapaces políticos.
Coincidimos en que la gente tiene derecho al trabajo, a los recursos públicos, pero no en aquellos que han asumido alguna responsabilidad gubernamental, que los pone por encima de las posibilidades de la población tradicional, trabajadora y explotada por los gobiernos.
Finalmente, los negocios filiales desde el gobierno no pueden ni deben de ser tolerados, pues el “horno ni está para bollos”, mucho menos para regresar al pasado. Sabemos de antemano que esta columna causará urticaria en más de dos notables funcionarios, sin embargo nos reservaremos por el momento, nombres, lugares, imágenes y montos de recursos públicos gestionados por quienes ahora afirman servir y defender los intereses del pueblo, en espera que antes que los exhibamos sean ellos los que informen al pueblo de sus personales gestiones a su favor, sino al tiempo…